20120815

Julieta Venegas Percevault vs. Rodrigo García Prieto

Los juicios relacionados con la tutela de los hijos involucran los derechos del niño, de la madre y del padre, pero pueden poner en colisión también muchos otros. Es lo que ocurre en la demanda interpuesta por el musicólogo argentino Rodrigo García Prieto contra la cantante mexicana Julieta Venegas. El caso fue turnado a la juez Décimo Primero de lo Familiar, con el número de expediente 658/2012. Esta controversia judicial es interesante porque, además de que se deberá proteger el interés superior de la hija de ambos, se ponderarán derechos familiares de los migrantes extranjeros en México frente a poderes fácticos (en el caso concreto, la industria del espectáculo). Esta última ponderación no forma parte de la argumentación de las partes, pero la asimetría entre ellas nos obliga a prestarle atención. Julieta Venegas es no sólo una de las cantantes mexicanas más importantes sino una personalidad pública que ha cultivado talentosamente su imagen al respaldar proyectos filantrópicos como el de fomento a la lectura o las actividades de UNICEF. En cambio, Rodrigo García Prieto es un ciudadano argentino sin visibilidad pública en su país natal o en México, lo cual no hace que sus expectativas de justicia deban ser menores. Se trata de un migrante, aunque no un migrante por motivos económicos sino familiares (lo que algunos antropólogos llaman hoy un padre transnacional). Venegas y García Prieto iniciaron una relación sentimental en agosto de 2009 en Buenos Aires. Procrearon una hija nacida un año más tarde. El 8 de septiembre de 2010, Julieta Venegas registró unilateralmente a la niña. Rodrigo García Prieto pide que se reconozca su paternidad, la guarda y custodia compartida de la menor y la calendarización de viajes de ésta. Desde su perspectiva, su hija tiene derecho de vivir y crecer en el seno de una familia, conocer a sus progenitores y a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos, aun en el caso de estar separados. Sería importante que la autoridad judicial se coloque en los reflectores no de la prensa People y de los medios electrónicos, con el morbo que los impulsa, sino de las organizaciones de derechos humanos dado que están en juego el derecho de una madre a continuar una carrera profesional ambiciosa, el de un hombre a reivindicar la paternidad como derecho, la igualdad de acceso a la justicia (independientemente de que el solicitante sea mexicano o extranjero, célebre o desconocido, hombre o mujer), entre otros. Desde luego, los primeros derechos a tomar en cuenta son los de la menor. Un lector de la versión original de esta nota me ha hecho notar que es un mero recuento de los hechos sin tomar partido ("digno de una revista People"). Tiene razón y prefiero que sea así, aunque rompa con el tono de mi blog (si es que tiene algún tono coherente). Lo prefiero porque el tipo de filósofo que era el rey Salomón no tiene nada qué ver conmigo. No me gustaría ser un juez de asuntos familiares. Hay involucrada en esos asuntos gente normal y los tribunales no deberían estar hechos para la gente normal sino para personas límite que "violan el contrato social" o que son intratables. Según Elster, por los largos juicios de divorcio suelen sufrir más los niños que por las decisiones rápidas acerca de su guarda y custodia. Entonces ¿por qué entré al tema? Porque me parece importante que el juicio que se llevará a cabo sea equilibrado y, para ello, vale la pena que sea observado.

20120522

¿Por qué voy a votar por AMLO aun si no estoy de acuerdo con algunas de sus propuestas?

No creo que el Estado Mexicano deba construir 5 refinerías porque corre el riesgo de hacerlo mal y con un alto costo, cuando existen compañías privadas que tienen la experiencia y las patentes para hacerlo de manera barata. No creo que el Estado Mexicano deba construir un tren bala porque, a diferencia de Europa, es el transporte aéreo el que resulta más adecuado dada la extensión de nuestro territorio y lo accidentado de su suelo. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que le gustaría promover un Estado de Bienestar como el europeo en México. No está claro si ello significa un estado que administre empresas industriales públicas, un estado que redistribuya la riqueza mediante impuestos progresivos, un estado que garantice tarifas universales subsidiadas o un estado que mediante gobiernos de coalición aplique programas consensados entre trabajadores, empleadores y partidos políticos. La socialdemocracia escandinava no buscó tener la propiedad pública de los medios de producción, el primer laborismo británico sí. El "Estado Providencia" francés no estuvo fundado en gobiernos de coalición como sí el Estado Social austriaco. No existe un modelo único de Estado de Bienestar Europeo y no sabemos exactamente qué quiere decir López Obrador cuando propone inspirarse de ellos. Sabemos, en cambio, que existe una crisis financiera en Europa por el costo de ese modelo. En Alemania descubrieron rápidamente que las altas jubilaciones correspondientes al último salario del trabajador (no proporcionales a los años de cotización) eran incosteables, en Francia se percataron que algunas empresas públicas eran ineficientes y no estratégicas, en España se dan cuenta que la seguridad social no debería pagar cirugías estéticas, en Grecia se han encontrado recientemente fraudes escandalosos al sistema de seguridad social (como taxistas en activo que reciben pensiones por "ceguera", falsa desde luego y falsa para el burócrata que la autorizó). ¿Qué debemos y podemos copiar del Estado Benefactor Europeo? El profesor del ITAM Rodolfo Vázquez en su reciente libro Consenso socialdemócrata y constitucionalismo (Fontamara, México, 2012) explica que un estado decente es aquel que, al menos, no humilla a las personas. Hay estados cavernarios que admiten la crueldad contra sus súbditos, estados que no toleran la crueldad pero sí las humillaciones, estados que no toleran humillaciones pero son injustos en la repartición de bienes y derechos. En este continuo que va de los peores estados a los mejores, podríamos poner en duda la viabilidad de algunos modelos de justicia distributiva por su imposible financiación o incorrecto sistema de incentivos. Se dice que la socialdemocracia escandinava, por ejemplo, vio afectada su eficacia económica por la radical nivelación de los ingresos entre sus habitantes. Pero si cierto grado de desigualdad puede ser necesario y legítimo como incentivo de la producción (John Rawls lo reconoció en 1971 en su gran Teoría de la justicia), existen crueldades sociales e indecencias que no debieron ni deben tener lugar ni antes, ni durante, ni después de la era del Estado Benefactor. La explotación cínica a los trabajadores subcontratados en Santa Fe, Ciudad de México, que deben comprar su propio uniforme y someterse a humillaciones cotidianas por parte de capataces pagados para evadir prestaciones laborales y otorgar servicios "impecables"; la proliferación de niños mendigos en las ciudades mexicanas; la narco-guerra que liquida sin más trámite a decenas de miles de personas; la corrupción abierta de líderes sindicales corporativos heredados del viejo régimen posrevolucionario, etcétera, etcétera... son fenómenos de indecencia intolerable. ¿Quién puede corregir esas muestras de crueldad e indecencia en México? No veo combatiéndolas al candidato del PRI, con sus gastos personales ostentosos, sus aliados cercanos y su trayectoria dentro del Grupo Atlacomulco. ¿No temo a las inexactitudes y defectos técnicos de las propuestas de López Obrador? ¿No confunde él una política estatista obsoleta con una de redistribución justa? ¿Mis diferencias con él no son lo suficientemente graves? No, no lo son, porque sé que como presidente estaría rodeado de colaboradores que le mostrarían la viabilidad de unas y otras propuestas. Hoy no se requiere de mucho para saber por qué fracasaron algunos estados europeos de bienestar. En cambio, la trayectoria del candidato de la izquierda dice mucho de lo que sí está dispuesto a hacer. A combatir la crueldad y la indecencia institucionales. Si además llega la justicia, qué mejor.