PROTESTAR CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA

Soy partidario de la apertura moderada del sector energético a la participación privada por razones ambientales y económicas. Hoy, México pierde mucho dinero importando gasolina. La inversión privada en petroquímica básica (refinerías, principalmente) contribuiría, además, a crear empleos. Pero a unos cuantos días de aprobada, la reforma constitucional en materia energética tal como quedó me alarma mucho. La coalición del PRI y el PAN produjo un régimen completamente abierto a nivel constitucional y obsesivamente detallado en los artículos transitorios. El resultado es, por ejemplo, una repartición de ingresos futuros del nuevo Fondo Soberano del petróleo con un orden de prioridades decidido por esos partidos por fuera de las vías ordinarias (principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año). En una palabra, pretenden eludir la atribución de los representantes populares de decidir el reparto democráticamente. Además, aquellos partidos no respondieron nunca a los argumentos de ambientalistas contra el procedimiento de extracción de gas de lutitas o gas shale, conocido como fracking (tecnología prohibida en otros países). Esa nueva industria contaminará los mantos friáticos del noreste del país y encarecerá el agua, sin que se avizoren controles (vista la frivolidad con la que fue aprobado el paquete de modificaciones legales). Sumémosle a todo ello que la vaguedad del régimen contractual que diseñaron PRI y PAN es una puerta abierta a la corrupción trasnacionalizada. Funcionarios públicos repartirán licencias o contratos multimillonarios y los estímulos ilícitos para que malbaraten la renta petrolera no se dejarán esperar (si durante las elecciones los partidos políticos han recibido favores a cambio de conceder negocios a televisoras y otras empresas ¿por qué no ocurriría igual y peor tratándose de petroleras con una larga cola de sobornos y presiones a países de África y América Latina?). Véase el breve intercambio que tuve en Twitter (imagen anexa) con uno de los ideólogos de la reforma aprobada (citado en tribuna por los senadores que la votaron), el Dr. Carlos Elizondo Mayer Serra. A diferencia de la abundancia de sus opiniones positivas acerca de la apertura radical del sector energético, mi colega del CIDE no suele entrar en detalles cuando se trata de contra argumentos como son el tema de la colusión, ni en el caso de los efectos ambientales perversos del fracking.

Finalmente, es indignante el hecho de que la alianza del PRI y el PAN sólo fuera sensible a las peticiones de sus aliados del PVEM en el Senado (motivadas por intereses corporativos, no ecológicos). En cambio, dicha alianza eludió el debate parlamentario abierto y enviaron a un ejército de diputados levantadedos a aprobar sin modificar una sola coma del dictamen aprobado por el Senado. Por todo ello, asistiré a la manifestación este 20 de diciembre del Ángel de la Independencia al Zócalo, a las 4 pm. ¿Y para qué sirve protestar? Para exigir una consulta popular cuya antesala sería la oportunidad de debatir los puntos de alarma mencionados, entre otros temas del nuevo régimen energético, además de la eventual abrogación de la reforma. Recordemos que, hasta ahora, los escasos debates entre columnistas, tuiteros y analistas se enfocaron en temas energéticos muy generales y, más recientemente, en la iniciativa del presidente Peña Nieto; pero la propuesta que emanó de una improvisada negociación entre PAN y PRI nunca fue discutida ampliamente por la sociedad mexicana. Movilizarse en las calles sirve también para presionar al Estado a enmendar lo que ha hecho mal (que es mucho) y comenzar a vigilar desde ya lo que podría convertirse, sin exagerar, en un atraco gigantesco (como ha denunciado el movimiento Morena ligado a López Obrador). Protestar también sirve para exhibir que, mediante efímeros artículos transitorios, la alianza PRI-PAN quiere decidir en petit comité e inconstitucionalmente, el destino de la renta petrolera (fijando de una vez por todas la manera de repartir buena parte de ella). Finalmente, el honor de una sociedad democrática frente a la indolencia y arrogancia de una alianza de políticos exige la intervención popular (a través de manifestaciones, expresión de ideas y exigencia de una consulta popular).